ARGENTINA - Pertenecer a la Cúpula Judicial... tiene sus privilegios

Tribuna de Opinión :
por Emilio Marín

Abril de 2006 podrá ser recordado como el mes y año en que sus señorías ilustradísimas -bah, muchas no tanto- reafirmaron sus privilegios y por medio de la Corte Suprema de Justicia ratificaron que no pagarán impuestos a las ganancias.

El 97 por ciento de los argentinos cree que los jueces, como cualquier otro hijo de vecino que perciba haberes que superen el mínimo no imponible, deben tributar el impuesto a las ganancias. Así lo cantan todas las encuestas.

¿Acaso la pretensión ciudadana de igualdad ante la ley contiene semillas de comunismo?
No parece, si se tiene en cuenta que los jueces norteamericanos, incluso los de la conservadora Corte Suprema de Justicia moldeada por el nazi George W. Bush, también oblan aquel impuesto.

La idea de que tienen que tributar se basa en la equidad social, tan venida a menos en nuestro país donde el 10 por ciento más rico de la población percibe 31 veces más que el 10 por ciento más pobre. Evidentemente los magistrados están ubicados en el primer decil, porque cobran entre 8.000 y 15.000 pesos.

Julio Nazareno, ex titular de la Corte de los milagros menemistas cobraba 15.000 dólares y al renunciar siguió percibiendo esa suma, jubilado.

Y al no tributar ganancias, no sólo que se atrincheran en el bunker de los más pudientes sino que ni siquiera dejan que de sus bolsillos caigan unas monedas hacia los de abajo.

En rigor no se trata de monedas. Es plata. Se estima que por su negativa a pagar, el Estado se pierde de recaudar unos cien millones de pesos anuales. Esta suma -junto a otros ahorros del Estado- podría servir para conceder un aumento a los jubilados que en promedio ganan 350 pesos mensuales.

Según estudios de diversos colegios de abogados nucleados en la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca), un magistrado que perciba 10.000 pesos mensuales tendría que aportar 2.000 como mencionado impuesto.

Al eludir la contribución, esas personas que deben impartir justicia no están ofreciendo precisamente una buena lección al conjunto de la sociedad sobre “dar a cada uno lo suyo”, un principio básico del derecho.

Se reservan para sí la mejor parte.

Si esa desigualdad es explosiva en comparación con la obligación de los artesanos, obreros especializados, médicos o directivos de empresas que sí pagan ganancias, más curiosa e irritativa se pone la situación dentro del mismo Tribunales.

Es que los Jefes de Despachos con más antigüedad o los Prosecretarios que tienen salarios más o menos interesantes, sí pagan ese tributo. Pero sus respectivos jueces, con ingresos cuatro o cinco veces más elevados, lo gambetean.

La distorsión viene de años y el 11 de abril último fue confirmada por la propia Corte Suprema de Justicia en un fallo que pone en tela de juicio los supuestos vientos de cambio que decían soplar en su interior.

La gambeta

Los expertos en complicar las cosas dicen, para justificar el intríngulis en cuestión, que la situación es muy compleja porque chocan dos garantías constitucionales. La del artículo 16 de la Constitución Nacional, que habla de la igualdad ante la ley; y la del artículo 110, que plantea la intangibilidad del salario de los jueces, que no pueden ser afectados porque serían garantía de su imparcialidad.

Incluso si así fuera, como sucede en otras situaciones, no tendría que ser tan difícil de entender cuál de los dos derechos debe prevalecer. A mi juicio, o a juicio del sentido común, por mejor decir, el de la igualdad ante la ley, por ser un criterio más general y en beneficio de la mayoría de la sociedad.

Como es obvio, que sus señorías paguen los impuestos como el resto de los mortales no afecta la intangibilidad de sus haberes pues no se trata de una maniobra del poder político y/o legislativo para torcerles la voluntad de fallar acorde a derecho. Es simplemente porque tienen que cumplir con una obligación que rige para el cien por ciento de las personas que reúnen determinados requisitos de ingresos, cargas de familia, etc., según lo prescripto por la ley.

En todo caso, si algunos de los sectores alcanzados por la gabela se sienten afectados injustamente, tienen el derecho de quejarse y movilizarse. Es lo que hicieron en febrero último los obreros petroleros de la Patagonia, cuando cortaron tres rutas provinciales durante varios días para exigir un aumento del piso no imponible que en ese momento era de 1.845 pesos para los trabajadores solteros y de 2.200 para los casados con hijos.

Al precio de sufrir una dura represión, que aún perdura en la forma de siete detenidos con declaración de prisión preventiva en su contra, y el estacionamiento de 300 efectivos de Gendarmería en Las Heras, al final la marca del no imponible fue subida a regañadientes por Néstor Kirchner y Felisa Miceli.

Quiere decir que los asalariados del sur del país mostraron un camino para protestar, arriesgando el pellejo. En cambio los cortesanos protegieron sus forrados bolsillos utilizando un recurso poco honorable: un fallo de la propia Corte Suprema a su favor. De los siete miembros, se excusaron todos menos Carmen Argibay, quien lamentablemente sufragó por la continuidad de los privilegios. A su lado se amontonaron otros cinco camaristas, conjueces, que emitieron un voto cantado: a favor de la prebenda, a favor de ellos mismos.

Así fue como la postura inequitativa alcanzó una mayoría de siete votos contra dos, superando a los del ex ministro de Justicia Horacio Rosatti y el abogado Héctor Méndez. Los perdidosos argumentaron que si los jueces no actúan con privilegios ni tienen tratamientos diferenciales, entonces “verán reforzada su independencia”. No lograron su cometido pues el bando mayoritario siguió razonando con el bolsillo, visceral y elitista.

¿Nueva Corte?

Lo curioso es que en 2004 y 2005 se sumaron los tres nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia tras pasar el trámite de la audiencia pública en la comisión de Acuerdos del Senado, luego de que el PEN dictara su decreto 222/03. Eugenio Zaffaroni, Elena Highton y Arbibay expresaron en esa oportunidad su criterio favorable a que los jueces tributen, dando la impresión de que también en este aspecto la renovación del tribunal sería positiva.

Pero el momento de la verdad llegó en abril de 2006, luego que llegara a la Corte el caso de un magistrado sanjuanino ya jubilado, Oscar Gutiérrez, que pleiteó “como gato entre la leña” contra los descuentos de ganancias que le practicaba la Anses. Dicho sea de paso, si la intangibilidad es un argumento dudoso para blindar a los jueces contra los impuestos, más lo es cuando éstos revistan como jubilados y ya no tienen expedientes a resolución.

El garantista Zaffaroni y la doctora Highton se excusaron de intervenir, cuando hubieran podido dar una opinión favorable a la equidad. Argibay no sólo presidió la Corte en esta oportunidad sino que también sufragó como la mona.

Con esa resolución, la cúpula judicial se quedará con cien millones de pesos al año que legalmente podrían haber tenido un fin social si iban a la AFIP.

La CSJN ha remachado un nuevo eslabón de la cadena regresiva en impuestos, donde los que más pagan no son los ricachones sino los trabajadores. Estos aportan a la seguridad social, pagan el IVA impuesto al consumo con una de las tasas más altas del mundo, del 21 por ciento- e inclusive las ganancias que eluden los dioses del Olimpo.

Pero no está dicha la última palabra. Frente a la acordada de 1996, firmada por el impresentable Nazareno, y la de abril, de Arbibay, eludiendo el pago de ganancias, se alza un sentimiento social mayoritario. En parte por hacerse eco de éste y también por cálculos políticos, en el Senado hay proyectos de los justicialistas Silvia Giusti (Chubut) y Marcelo Guinle (Santa Cruz), “para que no haya actores con privilegios en nuestra sociedad”.


Gentileza Diario La Arena, Argentina